Vulneración de los derechos constitucionales en el sector público por la aplicación del decreto ejecutivo 813

Abstract

El ex presidente de la República del Ecuador economista Rafael Correa emitió el decreto ejecutivo 813 publicado en el Suplemento del Registro Oficial 489, del 12 de Julio de 2011 que reforma el artículo 47 letra k de la LOSEP que establece la cesación definitiva de funciones por compra de renuncias con indemnización, disposición legal a la que se incorpora la palabra obligatoria; procediéndose a la desvinculación de los servidores de varias instituciones públicas. La desvinculación de los servidores con la aplicación del Decreto Ejecutivo 813, se lo efectuaba con la emisión de una acción de personal suscrita por la máxima autoridad de la institución pública que cesaba en funciones del cargo de conformidad con el literal k) del artículo 47 de la Ley Orgánica del Servicio Público, en concordancia con lo dispuesto en el artículo innumerado a continuación del articulo 108 reformado del Reglamento General de aplicación de la mencionada ley, vulnerando sus derechos fundamentales consagrados en la constitución como el derecho al trabajo, derecho de libertad y seguridad jurídica. Desde la aplicación del decreto ejecutivo 813 se presentaron varias demandas de inconstitucionalidad del indicado decreto, sin que el pleno de la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad del decreto ejecutivo 813; el 28 de octubre del 2020, luego de 9 años con sentencia número 26-18-IN del Pleno de la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad al decreto 813 dejando un vacío sobre la reparación integral por daños y perjuicios, que es objeto de análisis en el presente ensayo.