Aplicación de los principios de buena fe y la lealtad procesal en los trámites de juicio de derecho de alimentos

Abstract

La obligación de subministra los alimentos a los niños, niñas, adolescentes, los adultos o adultas hasta los 21 años de edad que demuestren que se encuentren cursando estudios y las personas de cualquier edad que padezcan de una discapacidad y circunstancia físicas que no les permita dedicarse a una actividad productiva, conforme prevé el artículo Innnumerado 5 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II de la Niñez y Adolescencia le corresponde a los progenitores, quienes tienen el deber moral de procurar por lo menos el vestuario, la educación, salud, vivienda y los alimentos, prevaleciendo el “interés superior” sobre las demás personas, así como ordena el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el art. 26 del Código Orgánico General de Procesos, bajo los principios de buena fe y lealtad procesal evitando dilaciones innecesarias que retarden el cumplimiento efectivo de los derechos, deberes y garantías de los niños, niñas y adolescentes, puesto que el derecho de alimentos se relaciona con el derecho a la vida. A lo anotado, los ciudadanos, ciudadanas y autoridades estamos obligados a respetar y hacer respetar el derecho a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a tener una familia y a disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria, así, también el Estado a través de los órganos jurisdiccionales; es decir, en la materia que tratamos los jueces y juezas de la Familia Mujer, Niñez y Adolescencia, por las atribuciones y facultades conferidas por la Ley tienen el deber de aplicar medidas necesarias procurando la protección integral de los derechos, deberes y garantías, el cumplimiento de la tutela judicial, la buena fe, el debido proceso y la seguridad jurídica de las partes procesales, como prevé el artículo 26 del Código Orgánico de la Función Judicial, el artículo 3 del Código Orgánico General de Procesos, los artículos 75, 76 y 83 de la Constitución de la República del Ecuador.