El prevaricato y su incidencia en la legislación ecuatoriana

Abstract

El presente ensayo versa sobre el delito de prevaricato. Este constituye un hecho intencional, doloso e injusto cometido por una persona, quien ejerce la función de Magistrado y que, valiéndose de su investidura, realiza su hacer frente a la violación de un deber, en su función como Autoridad. En este actuar, le es irrelevante su investidura como funcionario público en ejercicio de sus funciones, y en el ámbito de su competencia, dicta sentencias o resoluciones injustas, en contravención de la correcta aplicación de las leyes. Este tipo penal aplica a todo funcionario judicial o administrativo que emita resoluciones contrarias al texto de la ley o se fundamente en hechos falsos. Es necesario destacar, que conceptualmente el delito de prevaricato no sanciona el error sino el abuso del Derecho, pues lesiona generalmente intereses de los particulares. Desde la visión de la administración pública, constituye un daño que prevalece para establecer la objetividad jurídica de este hecho, por lo que se debería también considerar, que la concepción de fallar contra norma expresa dentro del Estado constitucional de derechos y justicia social, en los casos en que, el aplicar directamente la Constitución obligue a hacerlo, no constituye delito de prevaricato, sino más bien una tutela extensiva de los derechos constitucionales. En el transcurrir del presente trabajo, abordamos el tratamiento del delito de prevaricato que se prevé en la Constitución, y en el Código Orgánico Integral Penal. Se analizan los sujetos intervinientes en el ilícito, el error inexcusable o despenalización del prevaricato, así como el bien jurídico protegido.