El principio de inocencia en la legislación penal ecuatoriana

Abstract

La presunción de inocencia se ha considerado como uno de los pilares del ordenamiento jurídico de todo estado democrático, al establecer la responsabilidad penal del individuo, únicamente cuando esté debidamente acreditada su culpabilidad. Es una garantía básica del proceso penal y del debido proceso, ya que es considerando una presunción iuris tantun, puesto que las pruebas que se presentan pueden ser desvirtuadas, en virtud que este principio está garantizado tanto en la Constitución de la Republica de Ecuador, en el Código Orgánico Integral Penal, así como en los Tratados y Convenios Internacionales. Sin embargo, a pesar de ello en la actualidad se vulnera con el retardo de justicia, la condena pública y la detención preventiva como pena anticipada, constituyendo los principales elementos que atentan contra ella, llevando a las autoridades a presumir la culpabilidad; a los policías a estigmatizar a inocentes y a la sociedad a ver la cárcel como un mecanismo de venganza y castigo para enfrentar los problemas relacionados con la seguridad, situación que de no controlarse podría llevar a agudizar más la crisis del sistema judicial. En base a ello, trata la presente investigación, que tiene como propósito analizar el principio de inocencia en la legislación penal ecuatoriana. La investigación es relevante, pertinente y vigente, por cuanto se trata de extraer de una manera científica la realidad de lo que está ocurriendo en la práctica con el principio constitucional de la presunción de inocencia como elemento resaltante del debido proceso que ayuda a tener confianza en el poder judicial y en la democracia como sistema de gobierno. Metodológicamente, esta es una investigación mixta porque hay una indagación teórico jurídico que da pautas para la investigación de campo que tuvo como muestra 20 abogados penalistas del foro de Quito. Como instrumento se aplicó el cuestionario de selección simple. Como métodos se utilizaron el análisis, la síntesis, el inductivo, el deductivo, el comparativo y el crítico. Se concluye que este principio, constituye un derecho fundamental y una garantía procesal del imputado correspondiéndole a la Fiscalía del Ministerio Público tratar de hacer un trabajo eficiente y rápido, pero tiene limitaciones que hasta ahora no han podido superarse.