El estudio documenta que el 33.4 % de los 34 771 internos registrados el 30 de mayo de 2025 permanecían en prisión preventiva y revela promedios de 238 días con prórrogas automáticas justificadas en riesgo de fuga sin datos concretos, lo que invierte la presunción de inocencia y sobrecarga un sistema penitenciario ocupado al 125.8 % que impacta la confianza ciudadana y agrava la violencia intracarcelaria. A partir de la revisión de 420 expedientes, 250 sentencias y normas vigentes, se demuestra que la falta de protocolos uniformes permite decisiones genéricas y eleva el gasto público en US $27 millones anuales, mientras experiencias de Colombia y Perú confirman que revisiones periódicas y monitoreo electrónico reducen de 11 a 15 % la población preventiva, de ahí la propuesta de reformar los artículos 534-538 y fijar revisiones cada 45 días.
